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Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

La D.A. 89ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.016 establece durante ese año una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la prolongación de la actividad en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

La LPGE 2016 reconoce un complemento en la pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, con efectos de 01/01/2016

Como adelantamos en nuestra noticia del 25/09/2015, esta medida permitirá a las madres con dos o más hijos incrementar su pensión de jubilación, viudedad e incapacidad permanente en un 5% si tiene dos hijos, un 10% si tiene tres y el 15% si tiene cuatro o más.

El nuevo complemento creado para 2016, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de hijos según la siguiente escala:

  • En el caso de 2 hijos: 5 por 100.
  • En el caso de 3 hijos: 10 por 100.
  • En el caso de 4 o más hijos: 15 por 100.
A efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía únicamente se computarán los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente.

Por quinto año consecutivo se aplaza la entrada en vigor del permiso de paternidad.

La D.F.11ª de la Ley de Presupuestos para 2016, introduce una  prórroga en la ampliación del permiso de paternidad, modificando la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

Se da nueva redacción a la D.F.2 ª de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, que queda redactada como sigue: “La presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017”

En el Boletín Oficial del Estado del día 31 de octubre de 2015 aparece publicado el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, mediante el que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con lo que, con la entrada en vigor de aquél, que se producirá el día 2 de enero de 2016, quedará derogado el anterior texto refundido (aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio) que ha tenido una vigencia de algo más de 20 años.

De la mano de D. José Antonio PANIZO ROBLES, y tras un breve recorrido por el «proceso de refundición» de la legislación de Seguridad Social española que, como se verá, no es algo novedoso, se presentará el nuevo TRLGSS, su estructura, las «novedades» que presenta y su contenido, ofreciendo a través de un cuadro comparativo una tabla de correspondencias que ayuden al lector a desentrañar el origen de la nueva construcción legal.

1.CONSIDERACIONES PREVIAS En el Boletín Oficial del Estado del día 31 de octubre de 2015 aparece publicado el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, mediante el que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con lo que, con la entrada en vigor de aquél, que se produce el día 2 de enero de 2016, quedará derogado el anterior texto refundido (aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio) que ha tenido una vigencia de algo más de 20 años.

En el BOE del sábado 24 de octubre, se publican sendos Reales Decretos Legislativos que aprueban dos normas fundamentales para el ámbito que nos es propio.

Ambos textos refundidos, a falta de disposición expresa al efecto, entrarán en vigor (art. 2.1 Código Civil) a los 20 días de su publicación, esto es, el próximo 13 de noviembre.

 

Las empresas que atraviesan problemas económicos y tienen dificultades para cumplir regularmente sus deudas exigibles deberá solicitar el concurso de acreedores. Este concurso tiene un doble objetivo, pagar a todos los acreedores y, en la medida de lo posible, evitar la extinción de la sociedad. No obstante, en la práctica, la mayoría de los concursos de acreedores finalizan con la liquidación de la sociedad, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores.

Es importante para un trabajador conocer los medios de control que dispone el empresario, y en este sentido, cuáles podrá utilizar para demostrar el incumplimiento de sus funciones. No en vano, en casos de incumplimientos graves y culpables, el trabajador puede ser sancionado incluso con el despido disciplinario.

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores indica que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”.

El concepto de Accidente de trabajo,  es un claro ejemplo de esos conceptos jurídicos que yo definiría como “engañosamente simples”.  

Y hago esta afirmación, porque la definición de Accidente de Trabajo que encierra el artículo 115.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS): “Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, engloba tal variedad de situaciones que queda plenamente justificado el desarrollo del vasto catálogo normativo y jurisprudencial de cautelas, matizaciones, inclusiones, presunciones y exclusiones existente en torno a este concepto.

Tal es el caso de las dos figuras a las que hoy dedicaremos este post: la imprudencia temeraria y la profesional. Ambas son importantes, como veremos, por sus efectos sobre la calificación del accidente y por las consecuencias que de esta calificación pudieran derivarse.

La Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, publicada en el BOE del 19 de septiembre y en vigor al día siguiente, establece un plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de actividad, para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, durante el año 2015.

Como se sabe, y se informó en su día en esta página, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, introdujo cambios importantes en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, con la finalidad de flexibilizar los requisitos de acceso a la prestación y ampliar los eventuales beneficiarios.

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