¿Trabajo? (I): Falso autónomo.

Jueves, 23 Abril 2015
¿Trabajo? (I): Falso autónomo.
La búsqueda de empleo o de nuevos retos profesionales, con mayor o menor urgencia, ha llevado, a más de uno, a encontrarse con figuras que se pensaban superadas, pero que ante la crisis económica que vivimos y el afán de las empresas de externalizar todo, con el fin de abaratar costes, ha hecho resurgir (si alguna vez, desapareció) la figura del "falso autónomo" (trabajador por cuenta ajena con piel de cuenta propia).



¿Cuáles son las notas definitorias de una relación jurídico laboral?
Según el art. 1.1 ET, son trabajadores "quienes voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario".
Por tanto, los elementos que definen una relación jurídico laboral son:
  • Voluntariedad.
  • Ajenidad. Los indicios más habituales de la nota de ajenidad, entre otros, son: la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario [...] de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público, como fijación de precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y su cálculo con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones (STS de 20 de julio de 2010).
  • Dependencia. Los indicios comunes de la nota de dependencia, entre otros, son: la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador (STS de 20 de julio de 2010).
  • Retribución.
La STS de 3 de noviembre de 2014 (ROJ: 5118/2014) afirma que, el Tribunal Supremo "ha sostenido reiteradamente que la línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga [particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios], regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social". Si bien, "la dependencia y la ajenidad constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contratos [...]. La dependencia ha de ser entendida como situación del trabajador sujeto, aun en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa; y que la ajenidad consiste en la cesión anticipada de los frutos o de la utilidad patrimonial del trabajo del trabajador al empleador, quien a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios".
¿Y si se dan esas notas de la relación jurídico laboral pero la empresa alega que el contrato que se formalizó es mercantil y que ello impera sobre todas las cosas?
La STS de 20 de julio de 2010 (ROJ: 4450/2010) es clara y establece que, "la calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto".
Es más, la STJUE de 4 de diciembre de 2014 indica que, "el estatuto de trabajador, a efectos del Derecho de la Unión, no se ve afectado por el hecho de que una persona sea contratada como prestadora autónoma de servicios con arreglo al Derecho nacional, sea por motivos tributarios, administrativos o burocráticos, siempre que actúe bajo la dirección del empresario, en particular por lo que se refiere a su libertad para determinar su horario, su lugar de trabajo y el contenido del mismo, que no participe en los riesgos comerciales de dicho empresario y que esté integrada en la empresa durante el período de la relación laboral y, de este modo, forme con ella una unidad económica".

¿Y si las notas definitorias de una relación jurídico laboral existen pero el empresario es una Administración Pública y el contrato formalizado es administrativo?
Además de ser aplicable lo dispuesto anteriormente, la STS 19 de junio de 2012 (ROJ: 4718/2012) expresamente establece que, "desde el punto de vista material, la prestación de servicios profesionales en régimen de ajenidad y dependencia es de naturaleza jurídico laboral y que solamente es posible calificarla como contrato administrativo porque una ley expresamente permita esa exclusión [...]. Ahora bien, esa exclusión constitutiva no se produce en el vacío, esto es, no es un cheque en blanco que se conceda a la Administración Pública para que -cual nuevo Rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba- pueda convertir en contrato administrativo cualquier contrato materialmente laboral por el solo hecho de calificarlo como tal, a través de las sucesivas configuraciones legales y denominaciones que esos contratos administrativos de prestación de servicios han recibido por parte de las sucesivas leyes de la contratación administrativa". Y añade, "lo que no cabe es que el profesional se inserte en el ámbito organizativo de la Administración contratante para, codo con codo con el resto del personal funcionario y laboral de la misma, y bajo la dirección de superiores jerárquicos de la propia Administración contratante y con los medios de ésta, participe, en tareas habituales de la propia Administración contratante, por mucho que las mismas se subdividan en proyectos concretos".

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