Es indudable que el autónomo español, en la mayoría de las ocasiones, piensa mas en el ahorro de costes para la obtención de beneficios a corto plazo que en conseguir una buena pensión en el momento de su jubilación.

Esto se debe a varias causas, como el elevado coste social que soporta el autónomo, con o sin trabajadores a cargo, que se cuantifica, como mínimo, en un 29,8% de la base elegida. También tiene que ver que veamos la jubilación demasiado lejos o quizá porque las circunstancias actuales no nos permiten pensar en ahorrar a 25 años vista.

Sin embargo, queramos o no, nuestra base de cotización determinará nuestra futura prestación de jubilación. Por eso tenemos que estudiar si realmente nos compensa subir dicha base o no y a qué edad.

El plazo durante el cual se puede efectuar el cambio de base de cotización, es el comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril, con efectos del 1 de julio siguiente, y antes del 1 de noviembre, con efectos del 1 de enero del año siguiente.

El concepto de Accidente de trabajo, es un claro ejemplo de esos conceptos jurídicos que yo definiría como “engañosamente simples”.  

Y hago esta afirmación, porque la definición de Accidente de Trabajo que encierra el artículo 115.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS): “Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, engloba tal variedad de situaciones que queda plenamente justificado el desarrollo del vasto catálogo normativo y jurisprudencial de cautelas, matizaciones, inclusiones, presunciones y exclusiones existente en torno a este concepto.

Tal es el caso de las dos figuras a las que hoy dedicaremos este post: la imprudencia temeraria y la profesional. Ambas son importantes, como veremos, por sus efectos sobre la calificación del accidente y por las consecuencias que de esta calificación pudieran derivarse.

Una de las novedades es que se alarga gradualmente la edad normal de jubilación: de 65 a 67 años de edad. Hoy por hoy, quien quiera jubilarse deberá hacerlo a los 65 años y 3 meses o deberá haber cotizado 35 años y 9 meses. Así, desde 2013 se está retrasando progresivamente la edad de retiro de los 65 actuales hasta llegar a los 67 años en 2027. Es decir, en 2015 un trabajador se jubilará a los 65 años y tres meses de edad y así sucesivamente hasta alcanzar la nueva edad de 67 al final del periodo.

Hay una serie de excepciones

Para aquellos que tienen largas carreras profesionales y también para aquellos que tengan oficios “penosos y peligrosos”. Además, los trabajadores podrán seguir jubilándose a los 65 años conservando la pensión completa siempre y cuando haya cotizado al menos durante 38 años y medio.

La mayoría de partidos que conforman el arco parlamentario (o que tienen opciones serias de llegar a formarlo en la próxima legislatura) piensan que las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores autónomos son demasiado elevadas, en especial si las comparamos con el resto de países de nuestro entorno y con los ingresos obtenidos por este colectivo

Sin embargo, lo que parece una evidencia no parece serlo tanto para el partido en el Gobierno. Y es que los Presupuestos Generales del Estado han traído un regalo en forma de un nuevo aumento en la base mínima de cotización en el RETA (tal y como ya ocurriera el año pasado). En concreto, en 2016 la base mínima pasará a ser de 893,10 euros, casi un 1% más que en 2015, que era de 884,40 euros.

El Gobierno ha trasladado a los agentes sociales las bases del futuro proyecto de Real Decreto para mejorar los incentivos que perciben las empresas especialmente sensibilizadas con la siniestralidad laboral.

El objetivo de la futura regulación es, por un lado, simplificar el proceso de solicitud para las compañías y, por otro, agilizar el reconocimiento y el abono de las primas, según un comunicado del Ministerio de Empleo.

Para facilitar la doble meta, el documento contempla eximir a la empresa de recabar la documentación que ya obre en poder de la Administración, lo que supone una importante reducción de cargas administrativas. En paralelo, aboga por fijar un plazo cerrado para emitir la primera resolución del expediente.

El procedimiento para optar a estos incentivos es también novedoso, pues se tendrá en cuenta que el centro tenga unos índices de siniestralidad inferiores a los que se establezcan anualmente, ganando en objetividad.

Aunque ya conozcáis este asunto, os informamos que el libro de visitas desaparece, con lo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no diligenciará más a partir de este momento. 

Con la publicación de la nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Ley 23/2015, de 21 de Julio, se han producido cambios en la regulación de esta materia por lo que se informa de lo siguiente:

La Comisión de Empleo del Senado aprobó el pasado 25 de agosto la Ley para el Fomento del Trabajo Autónomo y la Economía Social, que introduce importantes novedades en materia de autoempleo y unifica la legislación vigente al respecto.

Medidas que pueden ser de gran interés tanto para determinados autónomos en funcionamiento como para los nuevos autónomos que emprendan un negocio, especialmente si están cobrando actualmente una prestación por desempleo. Y medidas con las que el gobierno estima que la afiliación de autónomos pueda crecer en 550.000 personas de aquí a 2019, hasta situar la cifra de autónomos en 3.600.000.

Quedamos a la espera de la publicación definitiva de la Ley en el BOE para saber exactamente cuándo van a entrar en vigor las medidas aprobadas, lo que esperamos suceda a lo largo de septiembre. Todos los incentivos se recogerán en un único texto que se incluirá en el título V del Estatuto del Trabajo Autónomo.

El texto aprobado en el Senado no sufre variaciones frente al aprobado en el Congreso, cuyas novedades más significativas ya analizamos en detalle en abril, por lo que puedes profundizar al respecto en nuestro post sobre el Anteproyecto de Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y la Economía Social.

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